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Causas históricas de la falta de desarrollo y democracia plena en América Latina

Palabra en Pie - Articulistas Invitados

Luis Alberto Tuaza C.
 
Los diversos análisis de la economía, la política de América Latina, consideran que  los problemas más impactantes de la región son la falta del desarrollo y de la democracia. Por más iniciativas de desarrollo que existen en estos últimos cincuenta años , por parte de los gobiernos de los países latinoamericanos, las organizaciones no gubernamentales (ONG). Sin embargo, sigue siendo incierto y hasta tal punto, inalcanzable. ¿A qué se debe este problema? ¿Cómo ha sido entendida la propuesta del desarrollo por parte de los países que conforman la región latinoamericana? Son los interrogantes que emergen de inmediato.

Unido a la problemática de la carencia del desarrollo está el tema de la democracia. En efecto, los estudios referentes a la política latinoamericana consideran que existe la inestabilidad y la ausencia de la consolidación de este régimen (Gamarra 1992). Si bien es cierto que en términos de elecciones,  como condición para elegir a los principales representantes de cada nación, ha sido asumida en la mayoría de los países (Soberg Shugart y Mainwaring 2002). No obstante, no se cumplen los otros requisitos: la participación de todos los actores sociales, el equilibrio de las clases,  la distribución equitativa de los bienes, el aumento de la inversión en el sector social, el combate a la pobreza, el mayor acceso a los servicios de educación y de salud…

Teniendo en cuenta esta realidad, este ensayo pretende analizar las causas históricas que han conducido a la falta del desarrollo y de la democracia plena en América Latina. La pregunta que se intentará responder es ¿cuáles son las causas de esta falta del desarrollo y democracia plena en América Latina? En un primer momento se analizará el complejo problema del desarrollo, a continuación se reflexionará entorno al tema de la democracia y su relación con el desarrollo y, a manera de conclusión se señalará algunas de las alternativas posibles.
 El complejo problema del desarrollo
El tema del desarrollo aparece frecuentemente en los diversos ámbitos de la vida cotidiana, resulta  familiar en los debates académicos. Los programas de los gobiernos en la primera parte contienen propuestas orientadas hacia el desarrollo del país, de las regiones, o de una ciudad en su particularidad. Las primeras ofertas de campaña de los candidatos presidenciales, de las autoridades a los gobiernos seccionales, aún de los dirigentes del barrio ponen énfasis en el desarrollo. En esta perspectiva, al hablar del desarrollo, generalmente aluden al levantamiento de las obras de infraestructura: construcción de escuelas, caminos públicos, las construcciones de vías, la edificación de un hospital, el mejoramiento de los servicios de agua potable, el alcantarillado, la dotación de teléfonos… En sí, todo esto está en relación con la idea del “progreso”, de la “modernización” que sería la superación de un pasado caracterizado por más esfuerzos, la dureza de la vida, el mundo rural; hacia un futuro prometedor que implica mejores condiciones de salud, el acceso a la educación, el mayor porcentaje de ingresos económicos y su distribución equitativa … Generalmente existen multitud de definiciones sobre el desarrollo. En nuestro análisis sobre las causas de la falta del desarrollo, tomaremos el concepto de desarrollo que nos presenta  Burns (1980).  

Para Burns, “el desarrollo es la utilización del potencial de una nación para el mayor beneficio del mayor número de habitantes,  y debe ser distinguido estrictamente del crecimiento y de la modernización” (Burns  1990:170).

Esta consideración de desarrollo que hace Burns, nos introduce en primer lugar a ver cuáles son las potencialidades que posee la región latinoamericana y en que medida han beneficiado al mayor número de habitantes .  Históricamente las potencialidades que tiene la región es la fertilidad de su suelo, la riqueza de los recursos minerales y más allá de esto su gente con su diversidad cultural. Ya en términos económicos, Inglaterra y los Estados Unidos han visto en América Latina la zona geográfica del mundo con alto potencial de rentabilidad en la producción agropecuaria,  la riqueza de sus  recursos minerales suficientes para cubrir las demandas de la producción industrial.

En efecto, Inglaterra que desde la primera mitad del siglo XIX, llegó a constituirse en el país industrializado más importante del mundo, con demandas cada vez más crecientes de los recursos minerales, especialmente del carbón, el hierro y el estaño, vio en América Latina, la región por excelencia, rico en estos recursos minerales, con la capacidad de  proveer las materias primas para su industria (Furtado 1976). Pero no solo eran las materias primas de la minería que podía ofrecer sino también la basta producción agrícola y ganadera.

Entre los productos agropecuarios que América Latina colocaba en el mercado internacional, se distinguen los productos agrícolas del clima templado: el café (Paige 1997) , y del clima tropical arroz, azúcar, el cacao y el banano. Con la creciente  demanda de las materias primas: los minerales y la producción agropecuaria, por parte de Inglaterra y posteriormente de los Estados Unidos,  aumentó la producción en toda la región. Las tierras que en el pasado pertenecían a las comunidades indígenas fueron desapropiadas por los terratenientes con el apoyo directo del Estado. Creció el latifundio, es decir la concentración de las tierras en pocas manos. Movidos por la prosperidad de la región muchos europeos optaron por migrar hacia América Latina. En caso de Argentina, el gobierno a fin de  favorecer  el asentamiento de los inmigrantes, europeos decretó la persecución, expulsión y genocidio de los indígenas (Burns 1980: 35).  

La agricultura y la ganadería eran las fuentes principales de la economía latinoamericana durante el siglo XIX e inicios de los XX. Claro esta que algunos países como el Perú, Bolivia y Chile se caracterizaban por ser países exportadores de minerales: hierro, plata, estaño y salitre. Estas actividades requerían muchos esfuerzos de los trabajadores. El obrero de la mina no tenía la protección jurídica, sus derechos a un salario justo, el descanso, su seguro de vida estuvieron ignorados por parte de los propietarios de las haciendas y de los campos mineros.

Conforme iba avanzando el desarrollo industrial ingles y  norteamericano, este desarrollo industrial demandó más fuentes energéticas, no bastaba el carbón mineral. El carbón, pronto fue reemplazado por el petróleo. El descubrimiento del petróleo en la región permitió que la población que en el pasado se especializaba en la producción agropecuaria y en la minería se especializase en la explotación petrolera cada vez más compleja.

Por la cantidad de productos agropecuarios y minerales exportados hacia el mercado internacional, América Latina, en los inicios del siglo XX  poseía más posibilidades de emprender el desarrollo , en comparación a los países del este asiático. Sus recursos naturales, la fertilidad del suelo, el establecimiento de las relaciones comerciales con Inglaterra y con Estados Unidos favorecían enormemente a aumentar el ingreso per cápita, distribuir mejor la riqueza, promover los programas orientadas a mejorar las condiciones de salud, la universalización de la educación. En efecto, el crecimiento económico latinoamericano favoreció en cierta medida a la reducción de índices de analfabetismo, aumentó la esperanza de vida _de 20 años en 1900, a 47 en 1950 y de 68 en 1990_ no obstante, los niveles de inequidad continuaron, los ingresos económicos no fueron invertidos en aliviar la pobreza, en cubrir las demandas de la atención en la salud y en la educación (Thorp 1998).

América Latina, no sólo que producía para exportar sus recursos hacia los mercados de Inglaterra y Estados Unidos sino que el manejo de su economía, las políticas económicas  de los gobiernos dependían de las decisiones emanadas de estos grandes centros del poder económico. De allí que “la historia económica de  la región está caracterizada  por la dependencia” hacia estos países (Cueva 1990). Esto creció conforme los gobiernos solicitaron  créditos a fin de impulsar la construcción de las líneas férreas, impulsar el servicio de los ferrocarriles y el mejoramiento de las instalaciones portuarias. La adquisición de los créditos provenientes de la banca internacional condicionó a que en cada uno de los países  se crearan las instituciones del control económico como el Banco Central. Estas instituciones en teoría estaban destinadas a asumir el rol de crear la legislación monetaria y laboral. Sin embargo durante todo el siglo XIX e inicios de XX no hubo una legislación laboral, ni leyes que promuevan  el bienestar social a excepción de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Cuba y Brasil, países que de alguna manera mostraron interés por lo social (Thorp 1998: 17). En contraste, algunas legislaciones legitimaron las concesiones territoriales, permitieron la colonización. Las tierras de dominio público fueron vendidas a los extranjeros y a las empresas trasnacionales como la National City  Bank y la United Fruit Company que llegaron a tener grandes extensiones de tierra en toda la región.

No se puede dudar del intercambio comercial exitoso entre América Latina, Europa y los Estados Unidos a principios del siglo XX. Pero con la depresión económica de 1929 declinó la demanda del café y del cacao en el mercado internacional.  Grandes extensiones de cultivos de café en Brasil y Colombia tuvieron que disminuir la producción, los propietarios se vieron obligados a expulsar a los obreros. Después de la recuperación de la gran depresión, tanto Estados Unidos como Europa optaron por establecer las relaciones comerciales con algunos países de África y del Caribe de donde adquirieron el café, el cacao y el banano a menor costo. Esto agravó más la crisis en la región.

Por otra parte, el potencial agropecuario, mineral y comercial de América Latina permitía el enriquecimiento de las élites que lejos de invertir los recursos económicos en bien de la nación, el impulso de la industrialización,  prefirieron gastar  o a su vez invertir en los bancos extranjeros.  Los indígenas, los afros americanos sencillamente fueron excluidos de las ventajas dadas por el éxito comercial.  Además estas élites, apasionadas por la cultura europea y norteamericana no sólo que favorecían la entrada de las compañías nacionales y a los inmigrantes europeos  sino que llegaron a tener su propio  ideal del desarrollo o del “progreso”, lo que más tarde será llamado como “la modernización”. Impulsados por este ideal promovieron el proyecto de instaurar el progreso en toda la región. Para ellos el progreso implicó fundamentalmente en “el asumir los valores, las ideas, las modas, las invenciones y estilos más recientes de Europa y posteriormente de los Estados Unidos” (Burns 1990:19), a esto se agrega  la aplicación  de sus modelos políticos y económicos en la política nacional.

El proyecto progresista de las élites, recibió la inspiración de la ilustración con su ideal de la libertad y de la democracia, de la teoría de la evolución de Darwin y Spencer y del positivismo de Comte. Según estas fuentes de inspiración la humanidad estaría orientada hacia a un grado de perfección cada vez más creciente. En el imaginario de las élites, la prueba de esta perfección sería la presencia de los ferrocarriles y la construcción de las ciudades como Guatemala y Buenos Aires al estilo  parisiano (Burns 1990). Claro está que no tomaron los otros aportes significativos en el plano político y económico que se estaban dando a la par en Europa. La libertad y la democracia que las elites instauraban solo eran posibles al interior de la clase aristocrática. Dejaron de lado, por ejemplo, los planteamientos de Rousseau, de Montesqueiu entorno  a la igualdad y la justicia social. Lo mismo, no consideraron que los planteamientos de Spencer y de Darwin sobre la evolución de las especies nunca fueron aplicados para explicar la condición humana. En otros términos, el progreso que querían establecer las élites implicaba únicamente el acto de asumir los principios que más les convenía como clase sin tener en cuenta  la igualdad y los derechos de todos.   

En el proyecto del progreso diseñado por las élites, los indígenas, los negros, incluso los mestizos no contaban. Estos, fueron considerados “gente extraña que entorpecen los procesos de la modernización, sociedades tradicionalistas” que esperan de una “mano invencible”  que conduzcan hacia la prosperidad prometida por el progreso. Pero la entrada de los indígenas, de los negros y de los mestizos al gran reino de la modernización, sólo sería posible en la medida en ellos se subordinen a los mandatos impuestos por la élite en virtud de sus intereses.  Además, fueron estigmatizados de bárbaros, salvajes menesterosos de la civilización.

Las élites se consideraron como la clase elegida para civilizar al indio, al negro, obligándolos a despojarse de su cultura, de su memoria histórica. Ante ciertas resistencias que se presentaban desde estás clases subordinadas, las tácticas de represión más usuales fueron el arrinconamiento hacia la selva o la montaña alta o como en el caso argentino el genocidio. Los bárbaros tendrían que ser eliminados del medio, su desaparición garantizaría el éxito del proyecto civilizatorio.

Estas élites, al asumir los parámetros culturales de Europa y Estados Unidos. De alguna manera “reinventaron la tradición” (Ranger 2002), asemejándose cada vez más al primer mundo dejando en el olvido su pasado histórico que aludía  propiamente a lo indígena.  Si esto sucedía en América Latina, en otros continentes no era la excepción. En las colonias africanas, las élites asumían los estilos aristocráticos de los países colonizadores: Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda y Alemania. La coronación de los reyes británicos, su liturgia, aun  la vestimenta que llevan, pronto fueron apropiados por los reyes locales de Sudáfrica y otras colonias de Inglaterra, lo mismo sucedió con las costumbres  militares de Alemania tomadas por los habitantes de África Oriental. Para Ranger estas tradiciones son inventadas y asumidas en la medida en que las élites o grupos humanos buscan legitimarse. Pero esto supone un alto costo, la invención de la tradición trae como consecuencia la creación de conflictos de carácter étnico. En este sentido, algunos países de África fueron divididos en tribus que controlaban una determinada región, lo cual a la larga imposibilitó la unidad nacional. La invención de la tradición genera también choques entre una generación del pasado y una nueva que emerge y está consolidándose, es decir, provoca la confrontación entre los ancianos y los jóvenes. En caso de América Latina, “la invención de la tradición” por parte de las élites, pronto se tradujo en la exclusión, en el abuso de la fuerza del trabajo de los indígenas, de los negros y de las mujeres .

Sin embargo, la invención de la tradición,  la civilización trazada por las élites latinoamericanas a imagen y semejanza de Europa y de los Estados Unidos, no tuvo buenos resultados. En otras palabras las élites de esta región no impulsaron el progreso desde  el seno de las naciones sino que se convirtieron en   “malos imitadores” de la llamada civilización occidental” (Fanon 1965). Se apropiaron de los viejos estilos de la vida colonial, heredaron el modus operandi de la explotación que tenían los colonizadores ibéricos en relación a las poblaciones negras e indígenas.

Si en Europa se formaban a los ingenieros, a los especialistas en la industria, se predicó el evangelio de la modernización, del éxito comercial – empresarial, invirtieron sus fortunas en la creación de industrias, generaron las oportunidades de trabajo para toda la sociedad; y en el Este Asiático, la aristocracia se preocupó por la educación, la salud, la aplicación de la reforma agraria, la modernización de la actividad agropecuaria como el paso previo fundamental para la industrialización.  En contraste, en América Latina, las élites prefirieron  educar a sus hijos para médicos,  literatos,  abogados que se preocupaban por asuntos de su propia clase,  mal gastar el dinero, se convirtieron en agentes destinados al consumo de los productos importados de afuera. Lejos de preocuparse por el bien común,  buscaban ganancias a corto plazo y en beneficio de sus miembros; cuando no había el dinero solicitaban prestamos fuera, endeudándoles  y sometiéndoles así a la miseria a todo un pueblo. En caso de haber las inversiones de parte de las élites, estos estaban orientados a promover el turismo que servía  de lugar de descanso para europeos y estadounidenses (Fanon 1965). El acceso a la educación y a la salud fue entendido como un derecho propio de la élite. Los indígenas y los negros sometidos al dominio de la clase alta, no podían exigir al Estado el derecho de acceder a estos servicios.

En cuanto a la aplicación de la reforma agraria, se realizó en la mayor parte de los países latinoamericanos sólo a mediados del siglo XX . Propiamente no fue una iniciativa de los gobiernos de esta región sino una decisión tomada por la influencia del gobierno de los Estados Unidos que tenía como objetivo evitar la emergencia de los movimientos insurgentes similares a la de Cuba.  Esta reforma no implicó la distribución equitativa de la tierra, la ruptura con los modelos tradicionales de producción (Pipitone 2001; Kay 2002:59-61). Las mejores tierras continuaron en las manos de los mismos terratenientes que venían manejando desde el tiempo de la colonia. Las tierras que fueron entregadas a los huasipungueros correspondían a terrenos situados en los páramos, las laderas y en la selva. La modernización del campo y de la agricultura fue impulsada en beneficio de los hacendados y financiada con recursos del Estado. En caso de Ecuador  tenemos dos reformas agrarias: la primera de 1964 y la segunda reforma de 1973. Estas leyes fueron expendidas  durante los gobiernos de la dictadura militar. Las Fuerzas Armadas que en esos años gobernaron el país vieron necesario modernizar el campo, impulsar la industrialización, romper con las antiguas formas de la tenencia de la tierra, permitir que los campesinos llegasen a constituir en legítimos dueños. Para concretar esta iniciativa crearon el Instituto Ecuatoriano de la Reforma Agraria y Colonización (IERAC). Este proyecto gubernamental, pronto encontró fuertes resistencias de parte de los terratenientes (North 1985). Además lo curioso en este proceso fue que las personas vinculadas con los terratenientes  ocuparon cargos de responsabilidad administrativa en el IERAC y en el Ministerio de Agricultura y Ganadería.  En algunos casos, la distribución de la tierra no eran gratuitas por el hecho de que los campesinos beneficiarios habían trabajo de por vida dentro de la hacienda, las tierras fueron compradas. La reforma tuvo un impacto regional, fue aplicada en la sierra ecuatoriana. Las grandes haciendas cacaoteras y bananeras de la costa estuvieron exentas  de la normatividad transformadora de la tenencia de la tierra. La región oriental a su vez fue ofertada a los colonos provenientes de la sierra, sin tener en cuenta a las poblaciones indígenas del lugar, quienes se vieron obligados a penetrar más en la selva.

Durante las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado se impuso en las políticas de desarrollo de los gobiernos de la región las orientaciones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) que básicamente cuestionaba la relación comercial entre el centro y la periferia, el fenómeno de la inflación y el desarrollo rural en América Latina. A su vez proponía el proceso de industrialización  a partir de la sustitución de las importaciones (ISI). Uno de los grandes obstáculos que encontraron Prebisch, Sunkel y Furtado para la industrialización de la región fue precisamente el problema agrario aún no resuelto a profundidad por los gobiernos latinoamericanos, a esto se une la dependencia creciente de la periferia hacia el centro. En este nuevo contexto histórico marcado por las propuestos de la CEPAL aparición el ideal de lograr el desarrollo integral. En el ambiente rural, las iniciativas de los gobiernos por el desarrollo fueron manejados con el slogan “Desarrollo Rural Integral” (Kay 2001:347).
 
A su vez, las décadas de 1980 y 1990 son considerados en la historia de la economía latinoamericana como las “décadas perdidas”. Las economías nacionales tuvieron el crecimiento de PIB más bajo , pese a que países como Ecuador había empezado a exportar el petróleo. Esta situación, coincidió con la aplicación de las reformas neoliberales por parte de los gobiernos a fin de aliviar la pobreza, la falta de empleo, la caída del sistema bancario ocasionadas por la crisis económicas. La puesta en marcha de estas reformas se les conoció como “las políticas de ajuste estructural”.

Estas políticas de ajuste estructural  fueron propuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Básicamente, consistían en la aplicación de las recetas del “Consenso de Washington” a las economías latinoamericanas. Entre las recomendaciones dadas  por el consenso de Washington está el reducir el déficit presupuestario,  privatizar las empresas estatales,  la liberalización del mercado, la creación de los mercados laborales flexibles, menos intervención del Estado en el manejo de la economía… Según estos preceptos la resolución de los conflictos económicos es una tarea propiamente de los tecnócratas, más no de los gobiernos (Stiglitz 2003:10-11).

 La aplicación del recetario neoliberal en la región no tuvo éxito, fracasó, condujo al empeoramiento de la crisis económica en la mayor parte de los países de América Latina. Se creían que reduciendo el tamaño del estado se podría dar soluciones a la crisis social y político, no obstante los resultados fueron desastrosos. En el manejo económico se ha procurado cuidar el alza de la inflación sin tener en cuenta la generación de empleos. Las políticas económicas fueron diseñadas a corto plazo. En tiempo de bonanzas con los recursos provenientes de la venta de las empresas estatales hubo más gastos que inversiones. Se dio ventajas a los grandes monopolios,  y esto provocó la inseguridad (Stiglitz 2002: 77).  

Las empresas transnacionales, la agricultura comercial con el ingreso de nuevos productos (flores, el orito) al mercado externo,  fueron los únicos beneficiarios. En la parte laboral estas empresas no pagaron los salarios justos a los trabajadores, evitaron los conflictos con los sindicatos obreros . Además en el imperio de estas nuevas políticas económicas hay la flexibilidad de mano de obra, demandas de trabajo que permiten a los empresarios actuar libremente sin tener que enfrentar a las demandas por infracción laboral en contra de los trabajadores (Martínez  2003).

Generalmente los grandes inversionistas y los monopolios no tienen en cuenta la legislación laboral que garantiza los derechos a una remuneración justa, la seguridad social, la permanencia del trabajador dentro de la empresa. En teoría, las políticas económicas neoliberales sostienen que hay la incorporación equitativa de los actores sociales dentro del mercado. Sin embargo, en caso de Ecuador la incorporación de los agricultores se dio en virtud de la producción ya sea de banano o flores y por la oferta de su mano de obra barata (Martínez, 2003), claro está en condiciones desfavorables en relación a los productores del primer mundo.
En relación al aparente éxito proporcionado por la aplicación de las recetas del consenso de Washington, entre el periodo 1980 y 2000, aún los economistas Weisbrot, Baker, Naiman y  Neta vinculados con el FMI y el Banco Mundial, critican  este supuesto éxito. Consideran que probablemente el crecimiento económico favorece también a los pobres, pero los indicadores estadísticos presentan retrocesos. De allí que la globalización, la apertura comercial y financiera no resuelven la crisis económica de la región (Weisbrot, Baker, Naiman, Neta 2001:16-32).  

En el caso de Ecuador, la aplicación de las políticas neoliberales se dio marcadamente en el gobierno de Durán Ballén. Este propuso la aplicación de las políticas de estabilización económica, la cual afectó a la agricultura, en la medida en que se incrementó la producción para el mercado externo a través de la agricultura comercial, sin priorizar las demandas del mercado interno. Esto afecto fuertemente al sector rural y trajo como consecuencia el bajo ingreso, lo que a su vez “generó el aumento del desempleo, el empobrecimiento de las ya miserables clases trabajadoras” (Lefeber, 2000:261), el deterioro de la calidad de vida, la migración del campesino hacia las grandes urbes (especialmente a Quito, Guayaquil y Cuenca) y al exterior, la caída en los precios de los productos agropecuarios, la disminución de los salarios (North 2003; Larrea y Sánchez 2003; Lefeber 2000; Martínez 2002; Korovkin 2004).

Durante la década de los noventa, la mayoría de los países de América Latina firmaron los acuerdos comerciales, para ello crearon los mercados comunes como el MERCOSUR, el mercado común de la Comunidad Andina de Naciones. Estos acuerdos estuvieron en conexión con los convenios internacionales entorno al tema del comercio, legitimados por la Organización Mundial del Comercio (OMC), organismo de las Naciones Unidas  que ha fortalecido el mercado global en perjuicio de los pequeños agricultores, el atentado a los derechos de propiedad de los pueblos indígenas, la seguridad alimentaría dando ventajas a los países industrializados y a los inversionistas externos (Grinspun 2003).

En el planteamiento de Burns (1990), el desarrollo debe ser distinguido del “crecimiento y de la modernización”. En contraste, en América Latina el desarrollo aparece relacionado directamente con el crecimiento económico y con  la modernización, aunque los resultados no sean satisfactorios. Pero “el desarrollo no es sólo el crecimiento del PIB” (Stiglitz 2002). En el lenguaje de Stiglitz el desarrollo se trata en el fondo de una transformación de la sociedad, de un movimiento que cambie las relaciones tradicionales y viejas formas de pensar. Por ejemplo que cambie formas tradicionales de tratar con la salud y, con los métodos de producción hacia formas modernas que involucren el reconocimiento de que el cambio es posible, se trata de aceptar el cambio, pero también de promoverlo. Por tanto si hablamos del desarrollo debemos ir más allá de la economía, más allá del modelo del consenso de Washington, y pensar en otros aspectos de la sociedad, como por ejemplo la política y dentro de ella la garantía de la libertad. Si un modelo económico ampliamente creciente que posibilita la satisfacción de todas las necesidades básicas de los seres humanos, pero que no garantiza la libertad, el respeto a los derechos humanos no puede ser considerado, la expresión del desarrollo (Sen 1995).

En América Latina el desarrollo ha sido confundido también con los proyectos de modernización. Las élites del siglo XIX comprendían esto como la aplicación de los modelos culturales provenientes de Europa y Estados Unidos, la dotación del ferrocarril, el uso de los tractores en la labor agropecuaria, la ampliación de los puertos, el establecimiento del comercio internacional. En el siglo XX la aplicación del modelo cepalino de “industrialización por sustitución de importaciones. Pero ¿la modernización es precisamente la industrialización? ¿Qué es lo que hay que modernizar?  ¿Es quizás modernización el crecimiento demográfico urbano y el abandono del campo? Esto no está claro. Lo cierto es que existe propuestas teóricas  que hace énfasis en la necesidad de acabar con las sociedades tradicionalistas, situadas en el sector rural que necesitarían cuanto antes asimilarse con lo urbano. Finalmente cabe preguntar ¿Es esto la modernización? o en el fondo, ¿estamos pensando todavía en la modernización como un acto de asimilación del modus vivendi y operandi propio del primer mundo?

La democracia
Unida al tema del desarrollo está la problemática de la democracia, el régimen político que está vigente en la mayoría de los países latinoamericanos. ¿Qué se entiende por democracia? Al igual que el desarrollo tiene varios significados. En nuestro análisis vamos a seguir el concepto de democracia y determinantes principales de la democratización que señalan los autores: Ditrich Rueschemeyer, Evelyne Huber Stephens y John D. Stephens.

Para Ditrich Rueschemeyer, Evelyne Huber  Stephens y John D. Stephens (p.5). “La democracia es una cuestión del poder. La democratización representa sobre todo, un avance en la igualdad política… son las relaciones de poder que…determinan si la democracia puede emerger, estabilizarse y sostenerse…”

 “Primero viene del balance de poder entre diferentes clases y condiciones de clase. Este factor es lo más importante de todos. Se relaciona a dos otras configuraciones de poder – estructura, fuerza y autonomía del aparato del Estado  y sus interrelaciones con la sociedad civil, y el impacto de las relaciones de poder transnacionales tanto sobre el balance del poder entre clases como sobre las relaciones Estado-sociedad civil”.

Desde que América Latina se independizó del colonialismo español y portugués, los nacientes nuevos estados adoptaron como régimen política la democracia, nacida de la ilustración que según sus ideólogos Montesquiu, Roussou propondría la idea de la libertad y de la igualdad, la separación de los poderes dentro de un Estado (1981). En esta misma perspectiva desde el caso ingles Locke (1983) hablará de la naturaleza humana caracterizado por la unidad. En este nuevo régimen  el poder que recibe el monarca  no proceden de la voluntad divina sino de la voluntad del pueblo expresada en las en las constituciones y electas en las urnas (Dahl 1989).

Pero en el contexto latinoamericano ¿es posible hablar de la libertad y de la igualdad? Las sociedades latinoamericanas están profundamente jerarquizadas. La libertad sólo es posible al interior de las clases y la igualdad sigue siendo un mito. Si esto es así por tanto “la  democracia_ es _cuestión del poder”. Un poder diseñado por las élites en beneficio de su propia clase. En términos generales, no se puede olvidar en cierta medida del éxito de los procesos electorales, no obstante la autentica democracia no está solamente expresadas en las urnas, se mide en la capacidad que esto tiene para resolver los conflictos y las demandas de todos los miembros de la sociedad.

Históricamente en América Latina quienes han gobernado pertenecen a las élites. Hay raras excepciones donde aparecen gobiernos de las clases populares. En este sentido tenemos el caso del General Rosas en la Argentina, proveniente de los sectores populares. El gobierno de Juan Manuel de Rosas, mantenía una conexión fuerte con el pueblo, colocó las bases institucionales de la República de Argentina, aunque esto fue desconocido por los gobiernos posteriores provenientes de las mismas élites.

¿Por qué la democracia en la región sigue siendo una cuestión del poder? En los análisis políticos que se hacen, los politólogos consideran que en la región la democracia no se ha consolidado, no solo por la ausencia de los acuerdos entre los distintos actores presentes en el escenario político, sino porque las viejas estructuras sociales y políticas no han sido modificados (O’Donnell 1996).

En las reflexiones de Moore (1973) un régimen  político será realmente democrático, en la medida en que haya un “equilibrio entre la corona (Estado) y la aristocracia rural”, es decir, cuando el estado controle a la aristocracia, imponga las reglas de juego, a su vez la aristocracia responda en función de los intereses nacionales. En América Latina sucede lo contrario, el Estado está al servicio de los intereses de la aristocracia, manejada por esta clase, no existe tal equilibrio. Otro de los requisitos importantes en el proceso de la modernización en el planteamiento de Moore (1973: 349) esta la agricultura comercial con mano de obra formalmente libre. Históricamente a lo largo y ancho de Latinoamérica no encontramos con la mano de obra formalmente libre. En las haciendas productora de café, de cacao o de banano aparecen generalmente mano de obra servil, controlado directamente por los propietarios, no hay organización sindical, si existen experiencias organizativos de trabajadores esto es pequeño como la organización de productores de café en Costa Rica y las organizaciones sindicales de obreros en Bolivia, los agricultores en México impulsadas por el gobierno central. Claro está que las condiciones de los trabajadores no es lo mismo de los años 60, sin embargo la única libertad que poseen es para migrar al exterior.

La democratización en el pensamiento de Moore se alcanzará en la medida en que se dé el “debilitamiento de la aristocracia rural- clase terrateniente” (Moore 1973: 350). Si en Europa, posterior a la revolución francesa, la aristocracia rural terrateniente fue despojado del manejo del poder, no siguió influyendo en la vida política de la nación. En contrate, en la región latinoamericana no se dio el debilitamiento de la aristocracia terrateniente, a su vez fue fortalecida, hasta tal punto que impusieron su propia agenda en todas las decisiones estatales, desplazando los objetivos nacionales. En el medio rural andino del Ecuador, la clase terrateniente ejercía el control sobre amplias poblaciones indígenas y parroquiales. La iglesia a través del cura párroco, el gobierno por medio del teniente político en los pueblos, estaban al servicio de los intereses de los terratenientes (Ibarra 2002: 142).

Moore sugiere la “prevención de una coalición entre terratenientes y burgueses” (Moore 1973: 350) a fin de concretar la democratización. En América latina no se ha roto la coalición de terratenientes y burgueses sino más bien se han formado redes familiares que controlan la economía, la política. Actualmente existen los acuerdos entre la banca, los exportadores y financieros para manejar el poder.

Por último, la democratización se alcanza según Moore por la “ruptura revolucionaria con el pasado” (Moore 1973:350). En América Latina no hay tal ruptura, claro que está el caso de la revolución cubana que, de alguna manera, ha intentado romper con las estructuras políticas, económicas diseñadas en el pasado por parte de la aristocracia, pero no se sabe con exactitud si esa ruptura es clara. Generalmente el pasado colonial, las estructuras de exclusión, de racismo  siguen siendo reproducidas en toda la región.

Teniendo en cuenta todo lo anterior fácilmente se puede decir que la democratización no ha llegado a su punto culminante. No obstante, existen las otras fuerzas democráticas ligadas a las clases medias,  a las profesiones liberales, la burocracia estatal, los movimientos sociales, indígenas y mujeres, pero es una base muy débil. Los Estados latinoamericanos se encuentran debilitados. Esto se ha visto fortalecida por la aplicación de las orientaciones dadas por el consenso de Washington. Las propuestas de desarrollo diseñadas y ejecutadas por el Estado, actualmente se encuentran manejados por las organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD). El Estado ha desaparecido del medio rural, en algunos caso no controla la economía. El manejo económico está en las manos de los tecnócratas al servicio de las transnacionales.   

Volviendo al planteamiento de Ditrich Rueschemeyer, Evelyne Huber Stephens y John D. Stephens, la democracia “representa sobre todo un avance en la igualdad política”. Sin insertarse en una lógica pesimista al respecto, considero que esta igualdad política en la región esta dada en términos jurídicos expresada en la aparente igualdad ante la ley. En países con alto porcentaje de debilidad estatal e institucional no es fácil determinar esta igualdad. En relación a la economía no existe la distribución equitativa de los bienes. Si se habla de los avances en la igualdad política esto se debe traducir también en la igualdad económica. En América Latina crece la brecha entre ricos y pobres. En este sentido aún falta alcanzar las estrategias eficaces que permitan realmente llegar a un avance profundo en cuanto a la igualdad política.  Desde el punto de vista existen autores que sostienen que esta igualdad se expresa en la posibilidad de acudir a las urnas y elegir al candidato que se viere conveniente para ejercer el gobierno (Linz y Stepan 1996). Pero no se puede medir la igualdad política únicamente desde los procesos electorales.
   
En el pensamiento de Ditrich Rueschemeyer, Evelyne Huber Stephens y John D. Stephens “son las relaciones de poder  que… determinan si la democracia puede emerger, estabilizarse y sostenerse”. Si bien es cierto,  en América Latina las dos últimas décadas del siglo XX son consideradas como un periodo de tiempo en que se ha dado paso a la transición hacia la democracia después de varios años de las dictaduras militares  y a la consolidación democrática, esto sigue siendo incierto. Al llegar al tercer milenio se detecta el viraje de los sistemas democráticos hacia una situación de inestabilidad. La causa de principal de esta inestabilidad del sistema democrático tiene que ver con las políticas de ajuste estructural aplicadas por los gobiernos que a la larga no han dado soluciones a la grave crisis económica que afecta a la región. En caso de Ecuador y Bolivia, la caída de los gobiernos legítimamente electos tienen que ver precisamente con el fracaso de la aplicación de las políticas de ajuste estructural.

En caso de Ecuador, el rechazo de la entrega de los recursos económicos del estado a favor de la banca privada que durante el año 1997 atravesó la falta de solvencia  y el consecuente feriado bancario,   la aplicación de la dolarización a la economía nacional, la subida de los precios de los combustibles, la alza de los costos de las tarifas eléctricas y de teléfonos, condujo a la caída del Presidente Mahuad . A su vez en Bolivia, la privatización de los recursos naturales  en contra de la soberanía nacional y a favor de las empresas transnacionales fueron las causas de la renuncia del Presidente Sánchez de Lozada .  

Para Ditrich Rueschemeyer, Evelyne Huber Stephens y John D. Stephens, la democracia viene del balance entre diferentes clases y condiciones de clase. Esto constituye en el factor más importante de todos. En el conjunto de los países de América Latina, no existe el balance entre diferentes clases y condiciones de clase. La mayoría de las decisiones políticas son consecuencia de los acuerdos alcanzados por las élites y en favor de sus propios objetivos de clase. Se piensa que existe una clase media, intelectual que cuestiona la problemática social, económica, política, que de alguna manera, intercede a favor de las clases pobres, esto no está del todo claro.

Por último, estos autores consideran que el proceso de la democratización alcanza su plenitud, cuando la democracia,  se relaciona a otras dos configuraciones de poder – estructura, fuerza y autonomía del aparato del Estado y sus interrelaciones con la sociedad civil, y el impacto de las relaciones de poder transnacionales  tanto sobre el balance del poder entre clases como sobre las relaciones Estado-sociedad civil.  En el contexto latinoamericano, el Estado aparece débil, construida por la fuerza del poder de las élites, dependiente de esta clase y de los intereses externas. Al manejo de la política y de la economía por parte de las élites se une  la influencia creciente de las empresas transnacionales. Otro de las implicaciones es el cuestionamiento de la autoridad si esta representa la forma tradicional en que se hacen las cosas; en este caso, la pregunta sobre la autoridad sería si esta se genera por líderes nacionales o por imposición de las instituciones del exterior. De ahí que la democracia sea un ingrediente tan importante en el proceso de transformación del desarrollo: el cambio no puede ser forzado ya que de parte del mismo cambio asociado con el desarrollo es la transformación en las formas de pensar, cambios que deben venir desde dentro del país como un resultado de la discusión  y el diálogo. Así una parte importante del avance en el proceso del desarrollo  es justamente desarrollar estrategias que involucren  participación e inclusión.

En las crisis económicas de 1980 y 1990 que atravesó la región se creía que la privatización, la presencia de las empresas transnacionales era la solución, pero los resultados fueron catastróficos. En esta perspectiva Stiglitz sostiene que   “si la vemos en conjunto observamos que cuando la privatización ocurre en países en las que las estructura de gobierno son débiles, su impacto en el crecimiento económico es cero y, por el otro lado, que cuando existen fuertes estructuras de gobierno, puede existir un efecto positivo en el crecimiento económico”  (Stiglitz 2002).  Por tanto, la solución está en la existencia de un Estado fuerte. Más allá de las ventajas, la privatización incentivó a la corrupción. En América Latina vemos como el gobierno de Menem en Argentina, de Collor en Brasil están involucrados en actos de corrupción, precisamente durante la década de los 90 donde se dio la privatización de las empresas estatales. Con la privatización se ha dado un nuevo vehículo para la corrupción a un nivel tan alto que nunca se había ocurrido antes.

Alternativas
Una vez analizado las causas históricas de la falta del desarrollo y de la democracia es menester plantear  las posibles alternativas de solución. Uno de los principios básicos es la participación de todos los actores en el diseño de los planes de desarrollo y en el gobierno. El “pueblo debe asumir los retos de su propio desarrollo” (Fanon 1965), expresar sus derechos, valorar su cultura.  Esto exige que los gobiernos consulten al pueblo, insistan en la participación, organicen las múltiples células sociales, propongan y realicen la redistribución equitativa de la riqueza, prioricen las políticas orientadas al fomento y mejoramiento de los servicios de salud y de la educación .

Pero los gobierno por si mismo no puede generar las alternativas necesarias que permiten superar la falta de desarrollo y de la democracia. Necesitan de un Estado fuerte, libre, capaz de generar y controlar los procesos políticos y el desenvolvimiento de la economía. En países como Corea, Taiwán y Japón, precisamente el fortalecimiento estatal rindió resultados óptimos en los procesos de industrialización y del desarrollo. En contraste a los planteamientos de desplazar el rol del estado a los ámbitos privados, de considerar que el desarrollo se alcanza por seguir las orientaciones dadas por el FMI y Banco Mundial, los éxitos de algunos países  no se dieron por seguir los preceptos del consenso de Washington sino por seguir políticas adoptados a sus propios términos y condiciones; políticas muy selectivas que, aunque adoptaron muchos temas inherentes a la liberalización, no priorizaron en las privatizaciones, fortalecieron el rol interventor del Estado.

El fortalecimiento estatal pasa fundamentalmente por la seguridad jurídica. Esto garantizará la consolidación de la democracia en la medida en que los acuerdos sociales estarán sostenidos por las directrices marcadas por la constitución, generará confianza en los inversionistas, el diseño y la concretización de los proyectos a largo plazo, la legitimidad de las reformas estructurales que emprendan los gobiernos, permitirá que los derechos de los trabajadores a una buena remuneración, la seguridad social sean respetados (Martínez 2003).

Entre las políticas más urgentes de los gobiernos para resolver la falta del desarrollo y la democracia está la necesidad de promover la reforma agraria en profundidad (Cameron y North 1996; Stiglitz 2003;  Kay 2002, Lefeber 2000), así como la preocupación por el medio rural, los esfuerzos por combatir la desigualdad en la distribución de los ingresos.

En contraste al énfasis a la explotación minera como condición para el desarrollo, aparece la necesidad de volver la mirada hacia el campo, es decir, a la actividad agropecuaria (Lefeber, 2000:267). En el caso de los países del este asiático, la aplicación de la reforma agraria a más de la distribución de la tierra, consistió en la modernización y en la activación de la producción agrícola  que constituyó en la base de la industrialización (North 1997; Kay 2002).

La agricultura y la posterior industrialización permitirán la creación de fuentes de trabajo. El empleo es importante para la cohesión social, sin el empleo crece el conflicto social, los niveles de la pobreza. Si no se persigue políticas en las que hay un amplio consenso social, esto lleva a un conflicto social y se convierte en un ambiente no propicio para el crecimiento económico.

La creación de los empleos a más de ser una exigencia del estado es responsabilidad de todos los miembros de la sociedad. No basta que las élites promuevan sus empresas sino que los pobres estén en capacidad de generar puestos de empleo y de producción, pero para ello hace falta que haya líneas de crédito de fácil acceso y a intereses bajos del Estado a favor de los pobres. Este tipo de experiencias tenemos con el Banco Green en Banglades que otorga microcréditos a los pobres y han llegado a tener resultados satisfactorios.

El desarrollo y el manejo de lo político tienen que ver con la resolución de la problemática medio ambiental. Amplias zonas del mundo están siendo amenazadas por la contaminación ambiental, el deterioro de la calidad de los suelos, la carencia de agua, el aire puro… En el mundo el tema del desarrollo y la modernización han estado relacionados con la urbanización, se requiere tener el nuevo concepto de la urbanización que crea espacios de encuentro, descanso, ambiente limpio, ofrezca la seguridad, el derecho al empleo, fomente de equidad y la lucha contra la pobreza (Stiglitz 2003).

El diseño de los programas de educación y de salud siguen siendo los puntos claves para el desarrollo y la democracia (Larrea y Sánchez, 2003). En caso de los países del este asiático, precisamente la salud y la educación constituyeron en las claves del éxito del desarrollo socio – económico.

 Pero, depende de que se entienda por educación. No sólo hay que referirse a cuanta educación, sino a lo que es, lo que va dentro de la educación, qué calidad tiene, es capaz de generar los procesos de transformación o no. La educación a sido vista normalmente como una forma de movilidad social, una forma de conseguir trabajo en la ciudad, pero esto no es parte integrante  del plan de desarrollo. Si queremos contribuir al desarrollo debemos preguntar: ¿Cómo puede la educación  ser una vía de mejoramiento  en la sociedad? , ¿Cómo podemos formar agricultores más productivos? Estas podrían ser pautas que incidan en las reflexiones sobre el desarrollo y que permitan pensarlo como una transformación social en general y no sólo en el crecimiento  en el PIB. La educación será un medio que permita superar las barreras antiguas de exclusión y de racismo que caracterizan históricamente las relaciones sociales en el continente.

Comúnmente, cuando se habla del desarrollo inmediatamente se define en términos económicos, así desarrollo es igual a crecimiento del PIB, esto conduce a dejar de lado otros factores. Por tanto se requiere  considerar que el desarrollo es algo más, se necesita crear nuevos marcos de análisis que te permitan explorar y sugerir políticas. La equidad y el desarrollo sustentable y democrático  son posibles si ideamos un mejor modelo de economía y un mejor concepto de lo que entendemos por desarrollo. A esto se une la necesidad de un buen manejo de lo público. Si no se cuenta con una buena administración pública, los administradores, o sea los líderes políticos, usarán su control para distraer los recursos hacia su interés en vez del beneficio público.

Finalmente el desarrollo y la democracia sólo son posibles en la medida en que partamos del diseño de un proyecto de desarrollo sustentable, con pocos recursos, capaz de responder a las necesidades más urgentes de la población desde las iniciativas locales. Esto es posible. Los ejemplos de estas iniciativas encontramos en el Estado indio de Kerala, donde con un producto interno bruto per cápita sólo de 1000 dólares anuales han logrado tener resultados exitosos del desarrollo, expresados en los altos niveles de  vida, por la educación, el mejoramiento de la salud y el alto porcentaje de participación y corresponsabilidad de sus habitantes (Kankan 2000). En el mismo continente asiático encontramos con la experiencia de desarrollo del “Proyecto Piloto de la Orangi” de  Katchi abadi en Pakistán (Khan 1997) donde a partir de las necesidades sentidas por la población, la participación de las mujeres transformaron la situación de ese barrio pobre. En América Latina también encontramos con muchas iniciativas de desarrollo principalmente propuestos por las  ONGS en Guatemala con el caso del programa San Martín (Krishna y Bunch 1997)  y con una respuesta efectiva de parte de los beneficiarios. Ecuador no es la excepción, así lo reflejan las iniciativas de desarrollo local en Pelileo y Salinas de Bolívar (North 2003) con resultados significativos que pese a las crisis económicas serias que ha atravesado el país,  se han mantenido.

Ante los problemas de falta de desarrollo y democracia se ha pensado que la solución va a proceder de las resoluciones tomadas por los tecnócratas o lo que es más de las resoluciones tomadas desde afuera. En definitiva las soluciones son necesariamente políticas y esperan ser procesadas  por los gobiernos  y por la participación activa y corresponsable de parte de toda la sociedad en su conjunto.

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